Las comunicaciones con el mundo exterior también estarían sujetas a severas restricciones según el texto legislativo. Las visitas se limitarían exclusivamente a familiares directos, con una frecuencia de una vez al mes y realizadas obligatoriamente a través de un locutorio que garantice la separación física total. En relación con el uso de telefonía, el proyecto fija un límite máximo de 10 minutos de comunicación mensuales, con el fin de ejercer un control exhaustivo sobre los vínculos externos de los reclusos y prevenir posibles coordinaciones delictivas desde el entorno carcelario.El régimen se activaría ante la comisión de delitos específicos ya tipificados en el Código Penal, tales como homicidio calificado, sicariato, secuestro, delitos contra la libertad sexual y determinados vínculos con organizaciones criminales. La finalidad declarada de la norma es neutralizar la capacidad de los sentenciados para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.Debido a la gravedad de los ilícitos mencionados, la propuesta señala que este régimen se aplicaría prioritariamente durante la totalidad de la condena impuesta. Existe un procedimiento estrictamente excepcional para transitar hacia un régimen ordinario, el cual solo podría iniciarse tras haber cumplido 35 años de pena efectiva.Este cambio requeriría de una resolución judicial debidamente motivada y estaría condicionado a que el interno obtenga evaluaciones psicológicas favorables durante 5 años consecutivos previos a la decisión del magistrado, garantizando así un control riguroso sobre la progresión del tratamiento penitenciario.
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Renovación Popular presenta proyecto que busca implementar régimen de seguridad extrema para internos de alta peligrosidad
El régimen se activaría ante la comisión de delitos como homicidio calificado, sicariato, secuestro, contra la libertad sexual y determinados vínculos con organizaciones criminales. La finalidad declarada de la norma es neutralizar la capacidad de los sentenciados para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.
La bancada de Renovación Popular ha presentado ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la creación de un régimen penitenciario cerrado especial de seguridad extrema.Según el documento al que ha tenido acceso a RPP, esta iniciativa impulsada por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa está dirigida a internos condenados por delitos de extrema violencia y considerados de alta peligrosidad.Bajo este nuevo esquema, los internos no podrán acceder a beneficios penitenciarios, lo que implica la anulación de la redención de la pena por trabajo o educación, así como la prohibición de solicitar libertad condicional o permisos de salida.En cuanto a la normativa de orden personal, el proyecto establece el uso obligatorio de un uniforme penitenciario especial y diferenciado para este grupo de reclusos. Asimismo, se contempla una estricta limitación de objetos personales y la exigencia de mantener un corte de cabello tipo militar que no debe superar un centímetro de longitud.La rutina diaria propuesta para estos internos se fundamenta en un estricto aislamiento preventivo dentro de pabellones exclusivos. Los condenados permanecerían confinados en celdas individuales durante 23 horas al día, disponiendo de una sola hora de patio diaria.Para la viabilidad operativa de esta medida, el proyecto plantea que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) adecúe establecimientos específicos que cumplan con las exigencias de este régimen de seguridad.Evitar que condenadas continúen dirigiendo actividades criminales desde la cárcel
Las comunicaciones con el mundo exterior también estarían sujetas a severas restricciones según el texto legislativo. Las visitas se limitarían exclusivamente a familiares directos, con una frecuencia de una vez al mes y realizadas obligatoriamente a través de un locutorio que garantice la separación física total. En relación con el uso de telefonía, el proyecto fija un límite máximo de 10 minutos de comunicación mensuales, con el fin de ejercer un control exhaustivo sobre los vínculos externos de los reclusos y prevenir posibles coordinaciones delictivas desde el entorno carcelario.El régimen se activaría ante la comisión de delitos específicos ya tipificados en el Código Penal, tales como homicidio calificado, sicariato, secuestro, delitos contra la libertad sexual y determinados vínculos con organizaciones criminales. La finalidad declarada de la norma es neutralizar la capacidad de los sentenciados para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.Debido a la gravedad de los ilícitos mencionados, la propuesta señala que este régimen se aplicaría prioritariamente durante la totalidad de la condena impuesta. Existe un procedimiento estrictamente excepcional para transitar hacia un régimen ordinario, el cual solo podría iniciarse tras haber cumplido 35 años de pena efectiva.Este cambio requeriría de una resolución judicial debidamente motivada y estaría condicionado a que el interno obtenga evaluaciones psicológicas favorables durante 5 años consecutivos previos a la decisión del magistrado, garantizando así un control riguroso sobre la progresión del tratamiento penitenciario.
Las comunicaciones con el mundo exterior también estarían sujetas a severas restricciones según el texto legislativo. Las visitas se limitarían exclusivamente a familiares directos, con una frecuencia de una vez al mes y realizadas obligatoriamente a través de un locutorio que garantice la separación física total. En relación con el uso de telefonía, el proyecto fija un límite máximo de 10 minutos de comunicación mensuales, con el fin de ejercer un control exhaustivo sobre los vínculos externos de los reclusos y prevenir posibles coordinaciones delictivas desde el entorno carcelario.El régimen se activaría ante la comisión de delitos específicos ya tipificados en el Código Penal, tales como homicidio calificado, sicariato, secuestro, delitos contra la libertad sexual y determinados vínculos con organizaciones criminales. La finalidad declarada de la norma es neutralizar la capacidad de los sentenciados para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.Debido a la gravedad de los ilícitos mencionados, la propuesta señala que este régimen se aplicaría prioritariamente durante la totalidad de la condena impuesta. Existe un procedimiento estrictamente excepcional para transitar hacia un régimen ordinario, el cual solo podría iniciarse tras haber cumplido 35 años de pena efectiva.Este cambio requeriría de una resolución judicial debidamente motivada y estaría condicionado a que el interno obtenga evaluaciones psicológicas favorables durante 5 años consecutivos previos a la decisión del magistrado, garantizando así un control riguroso sobre la progresión del tratamiento penitenciario.
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