Sin quirófano ni área de hospitalización, pacientes con TBC sin privacidad, con la Observación Pediátrica reducida a camas separadas por una cortina y un consultorio que comparte espacio con un tanque cisterna: así funcionan los cuatro locales alquilados donde fue reubicado, desde marzo de 2025, el Hospital Provincial de Ferreñafe.
Denuncia
El reclamo central del personal de salud es que, tras el cierre del nosocomio principal, sus servicios fueron trasladados a cuatro locales alquilados en Ferreñafe y Pueblo Nuevo, y que en ese proceso el sistema Inforhus registró al establecimiento bajo el nombre “Centro de Salud Pueblo Nuevo”, con categoría I-3, en lugar de “Hospital Provincial de Ferreñafe”, categoría II-1, sin que mediara una resolución formal que lo sustente.
La crisis se remonta al 10 de marzo de 2025, cuando Susalud dispuso el cierre temporal del hospital por “muy alto riesgo de inminente colapso”. Los trabajadores señalan que ese riesgo ya constaba en un informe municipal desde 2018: casi siete años de advertencias no atendidas por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque.
Diez días después, la Geresa repartió los servicios en cuatro locales alquilados: Bolívar 720 para Programas de Salud, Miguel Pasco 371 (Pueblo Nuevo) para Emergencia Gineco-Obstétrica y Pediatría, Bolívar 119 para Emergencia Médica y cirugía, y Nicanor Carmona 236 para Consultorios Externos.
Los trabajadores sostienen que ninguno reúne las condiciones exigidas para un nivel II-1, y que la dispersión ha significado la pérdida del centro quirúrgico, la hospitalización y el apoyo diagnóstico, obligando a derivar a pacientes críticos hacia redes más alejadas.
Correo accedió a imágenes del interior de los cuatro locales que hoy hacen de hospital. En el de la cuadra 1 de la calle Bolívar, donde funciona el Servicio de Emergencia, no hay quirófano ni área de hospitalización: los tópicos de medicina y cirugía comparten espacio con una zona de observación de solo seis camas, tres para varones y tres para mujeres.
“Ya no se opera a pacientes”, señaló personal del establecimiento, que ahora deriva los casos quirúrgicos a un hospital de Chiclayo. Un trabajador precisó que los pacientes deberían permanecer en observación un máximo de seis horas, pero que en la práctica algunos pasan ahí días e incluso semanas, “como si fuera un hospital”.
Siete cuadras más adelante, en Bolívar N.° 720, opera el local de Programas médicos y toma de muestras. Ahí, el consultorio de tuberculosis (TBC) funciona dentro de una cochera y directo a la puerta de entrada sin privacidad. En la calle Nicanor Carmona, cuadra 2, se ubican los Consultorios Externos y la Oficina de Admisión, en un inmueble que, según el personal, también arrastra deficiencias estructurales.
El cuarto local, en la cuadra 3 de la calle Pasco, en Pueblo Nuevo, concentra las emergencias gineco-obstétricas: ahí se atienden partos y la atención inmediata del recién nacido. El área de Observación Pediátrica, según constató este diario, funciona con las camillas pegadas unas a otras y separadas apenas por una cortina azul que cubre, además, una ventana con el vidrio roto.
En una de las fotografías se ve a un menor conectado a una vía intravenosa junto a un balón de oxígeno verde, con su madre sentada a los pies de la cama; a un costado, otra mujer permanece con un bebé en brazos sobre el mismo colchón por falta de una cuna disponible, y una niña pequeña aguarda de pie entre ambas camas. Del techo cuelgan cables sueltos, sin canaletas ni cobertura, muy cerca de la zona donde se ubican los pacientes.
Al costado, el consultorio de Pediatría comparte ambiente con un enorme tanque cisterna, que ocupa buena parte del espacio junto a la camilla de atención. El tanque se llena con agua que envía periódicamente una cisterna de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, ante la ausencia de una conexión regular al servicio público.
Exigen módulos prefabricados
Los trabajadores han elaborado un memorial dirigido a Yonny Ureta Núñez, titular de la Geresa de Lambayeque, invocando el derecho de petición reconocido en la Constitución, la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una primera versión del documento calificó la reducción de categoría como un acto “doloso” y exigió la instalación de módulos prefabricados en un plazo de 72 horas.
