Los registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Portal de Transparencia del Estado muestran contrataciones de aportantes de campaña dentro del programa Llamkasun Perú, programa adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene como objetivo promover empleos temporales en el ámbito nacional y a dinamizar las economías locales y familiares, según reveló el dominical Cuarto Poder.
El programa está dirigido por Jessica Tumi Rivas, integrante de Alianza para el Progreso (APP) y excandidata a diputada y a la vicepresidencia por esa organización política en la fórmula que lideró César Acuña.
Según el reportaje, varios aportantes de su campaña electoral aparecen luego como trabajadores o contratistas del Ministerio de Trabajo y del programa que dirige.
Uno de los casos es del Jean Pierre Ampudia Leguía, quién habría aportado S/8,000 entre el 3 y el 5 de febrero. Posteriormente, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores el 7 de febrero y recibió contratos por S/12,000 en Llamkasun Perú, pese a que no contaba con experiencia previa en contrataciones estatales, según el reportaje.
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El reportaje también menciona a otros trabajadores que habrían realizado aportes a la campaña de Tumi luego de obtener órdenes de servicio en el programa o en el Ministerio de Trabajo, entre los que figuran:
- Tania Zuleyka Canchapoma Hilario, quien habría realizado un aporte de S/5,000 y realiza labores en la entidad estatal.
- Jorge Andrés Campos Gavidia quien habría aportado S/10,000 para material publicitario de campaña y luego consiguió 11 órdenes de servicio en la institución pública.
- Álvaro Pérez García quien habría aportado S/8,000 a favor de la directora y acumuló 11 órdenes de servicio como analista de procesamiento de datos.
- Luis Lizano Caichihua registraría un aporte de S/4,500 para actividades electorales y posteriormente obtuvo 13 órdenes de servicio en la entidad estatal.
- Sergio Javier Gutiérrez García, quien ingresó a laborar en dicha oficina con seis órdenes de servicio y habría aportado S/4,500 a la campaña de Tumi Rivas.
Según Jorge Trelles, experto en contrataciones del Estado, señaló que este hecho evidenciaría una presunta injerencia que podría llevar a pensar en una posible negociación incompatible o delito de colusión.