La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó esta semana la prolongada persecución judicial que enfrenta la periodista peruana Paola Ugaz desde 2018, cuando comenzó a investigar el manejo económico del Sodalicio de Vida Cristiana. El gremio periodístico interamericano advirtió que el patrón de denuncias contra la reportera configura una forma de amedrentamiento que busca desgastarla financiera y profesionalmente.
Ocho años de hostigamiento
La última acción llegó esta semana. La Asociación Civil San Juan Bautista presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz, a la que acusa de difundir afirmaciones falsas sobre la institución. Esta denuncia se suma a un proceso por presunto enriquecimiento ilícito abierto en 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, y a otras causas penales que la periodista arrastra desde hace años.
Ugaz atribuye el hostigamiento judicial al Sodalicio, aunque la orden religiosa no figura como querellante formal en ninguno de los procesos. Las denuncias provienen de personas vinculadas al grupo, que la Santa Sede suprimió en 2025 por comportamiento sectario.
Vale destacar que la mujer de prensa ha obtenido el apoyo del Papa Francisco y ahora el de León XIV.
Ugaz fue recibida por el papa Leon XIV, quien fuera antes obispo de Chiclayo Robert Prevost.El secreto de las comunicaciones
Un episodio en particular preocupa a la SIP. El Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso en 2023 el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Ugaz y ordenó a las telefónicas entregar información sobre sus contactos entre 2013 y 2020. La razón de los magistrados era un presunto enriquecimiento ilícito que jamás se ha podido comprobar.
La medida se mantuvo en reserva y la periodista solo tomó conocimiento de ella en 2024, lo que compromete directamente la confidencialidad de sus fuentes periodísticas.
Una herramienta de control
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo además que la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control cuando las demandas y las leyes de difamación penal se usan para silenciar el escrutinio periodístico en lugar de garantizar justicia. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, coincidió en que el caso expone los riesgos que corre el periodismo de investigación frente al poder económico y religioso.
La SIP pidió a las autoridades peruanas frenar el uso del sistema judicial contra periodistas y exigió que cualquier medida que afecte la confidencialidad de las fuentes cumpla con criterios estrictos de legalidad y proporcionalidad. Una misión de la organización que visitó Perú en 2025 ya había alertado sobre la hostilidad creciente hacia los medios independientes y la persecución judicial a periodistas críticos.