La sobrecarga procesal en la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Arequipa volvió a generar cuestionamientos, luego de que se declarara la prescripción de 11 informes de control elaborados por la Contraloría General de la República entre los años 2018 y 2021, impidiendo el inicio de procesos administrativos contra servidores y funcionarios involucrados en presuntas irregularidades.
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La Resolución Gerencial General Regional N.° 578-2026/GGR establece que la facultad para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios venció debido al transcurso de los plazos legales establecidos.
SITUACIÓN
De acuerdo con la normativa vigente, la administración pública dispone de un plazo de tres años para iniciar acciones disciplinarias a partir de la comisión de la falta. A ello se sumó una ampliación excepcional de cinco meses y quince días debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, varios de estos casos permanecieron sin atención durante más de cuatro años.
Entre los informes que quedaron sin posibilidad de acción administrativa figura la auditoría sobre la construcción del puente Punta Colorada y sus accesos, en la provincia de Castilla. El informe de la Contraloría detectó un presunto perjuicio económico superior a los cinco millones de soles y estableció presunta responsabilidad administrativa en seis trabajadores.
Otro de los casos relevantes corresponde a la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado para las partes altas de Paucarpata. La auditoría realizada evidenció un presunto perjuicio económico de 7,4 millones de soles e involucró a 14 servidores públicos con posibles responsabilidades administrativas. Ambos informes fueron presentados en agosto de 2018.
Asimismo, se encuentra la auditoría realizada en 2019 sobre la adquisición de tuberías de PVC para el proyecto del río Arma, proceso en el que se identificó un perjuicio económico estimado en 2,8 millones de soles y la participación de ocho servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa.