ST. PAUL.- El fiscal general de Minnesota demandó el martes al gobernador de Texas con el objetivo de forzar la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de herir a un hombre y luego mentir para justificar el tiroteo durante la ofensiva de la agencia en Minneapolis.
El fiscal general Keith Ellison le pide a un juez federal que prohíba que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, libere al agente de ICE Christian Castro, y que ordene al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firme su orden de extradición para que agentes de Minnesota puedan asumir su custodia.
Las autoridades de Minnesota han chocado con el gobierno federal por definir quién tiene jurisdicción para investigar y procesar a agentes federales por conductas ocurridas en servicio. Ellison es demócrata y Abbott es un aliado republicano del presidente Donald Trump.
Castro fue arrestado en Texas en mayo por cargos de agresión y de denunciar falsamente un delito en el caso del 14 de enero, en el que resultó herido Julio Cesar Sosa Celis. Tales cargos fueron presentados en Minnesota. Castro, de 52 años, está acusado de disparar un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, alcanzando a Sosa Celis en la pierna con una bala que quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. Los fiscales sostienen que Castro luego acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve.
Funcionarios de Minnesota temen que el agente del ICE pueda huir
Ellison declaró en una conferencia de prensa que, si no es extraditado, Castro podría ser liberado de la cárcel la próxima semana —90 días después de haber sido detenido— conforme a la ley de Texas. Y si queda en libertad, podría escabullirse hacia México desde la ciudad fronteriza donde está recluido, afirmó el fiscal. En la demanda se indica que Castro ha estado haciendo llamadas desde la cárcel a una mujer en México, hablando “de casarse con ella y comprar una casa en México cuando sea liberado”.
“Christian Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota”, afirmó Ellison. “Debe enfrentar la justicia en Minnesota. El gobernador Abbott debió haber concedido hace mucho tiempo la solicitud de extradición del gobernador Walz y ahora está obligado a hacerlo”.
En la demanda de extradición que Ellison presentó ante el Tribunal Federal de Distrito en Texas se menciona un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1987 que establece que el cumplimiento de la cláusula de extradición de la Constitución es obligatorio y no deja discreción al gobernador del estado donde se encuentra detenido un acusado.
Hasta el momento, se desconoce si Castro tiene un abogado que pudiera hablar en su nombre. Los registros judiciales en línea en Minnesota y los registros de la cárcel del condado en Texas no incluían a un abogado defensor. La cárcel donde está recluido se negó a transmitirle un mensaje de The Associated Press.
La oficina de Abbott señaló en un comunicado que no comentaría sobre “asuntos de extradición pendientes”.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que la acción legal para forzar la extradición de Castro “debería ser una demanda completamente innecesaria”. Indicó que los funcionarios de la cárcel y los fiscales en Texas han sido “muy cooperativos”, y que una extradición “no se supone que sea controvertida”.
La oficina del jefe de policía del condado de Cameron, Manny Trevino, declinó comentar el martes sobre el caso.
Agencia federal ha calificado el procesamiento del agente como una “maniobra política”
Las autoridades dicen que Sosa Celis recibió un disparo después de que Castro y otro agente persiguieran a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Este último y Aljorna estaban legalmente en Estados Unidos, según autoridades de Minnesota.
Las autoridades federales inicialmente acusaron a Sosa Celis y a Aljorna de golpear a un agente. Un juez federal posteriormente desestimó los cargos, y el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo ocurrido.
Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha calificado el procesamiento de Castro por parte de Moriarty como “ilegal y nada más que una maniobra política”, al afirmar que solo las autoridades federales tienen jurisdicción en el caso.
El gobierno federal adoptó una postura similar tras la muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti durante el aumento de operativos en Minneapolis. Moriarty demandó al gobierno de Trump para obtener acceso a pruebas en esos casos antes de que los fiscales federales las entregaran el mes pasado.
Moriarty dijo que, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado sin incidentes a Minnesota a tres acusados penales no relacionados.
“El gobernador Abbott ha mantenido comunicación con nosotros de manera continua, incluso recientemente”, afirmó Ellison. “Tenemos que asumir que se están negando a respetar la solicitud de extradición”.