El costo promedio anual de una carrera universitaria en Perú asciende a S/ 19,942, mientras que una carrera técnica superior demanda S/ 12,636, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (Cappes). Sin embargo, el 60% de las familias tiene ingresos per cápita por debajo de S/ 12,114, una de las barreras que contribuye a la deserción académica.
La oferta de becas y créditos de Pronabec atiende actualmente a menos del 2.4% de la matrícula de educación superior, dejando fuera al 97.6% de los estudiantes de pregrado. Ante esta brecha, Cappes plantea desarrollar un sistema de créditos educativos basado en un fondo revolvente.
El fondo revolvente como alternativa de financiamiento
Karina Morales, gerenta general de Cappes, explica a Gestión que el Estado podría utilizar recursos, que actualmente destina a becas, como capital inicial de un fondo que se alimente con el repago de los créditos y con aportes adicionales, sin necesidad de elevar el gasto presupuestal para educación, que para este año recibió inicialmente unos S/ 50,000 millones.
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Como ejemplo, menciona los S/ 100 millones destinados a Beca 18 para unos 5,000 estudiantes. Ese monto podría constituir el capital inicial de un fondo que posteriormente se nutrirá de los recursos de gobiernos regionales, organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, y empresas interesadas en financiar talento para sectores con alta demanda.
La administración podría estar a cargo de COFIDE o del Banco de la Nación. “El dinero empezaría a circular. Los recursos retornarían al fondo y podrían financiar posteriormente a nuevos estudiantes”, señala Morales, tras la presentación de Invertir en el talento: Hacia un modelo sostenible de créditos educativos en el Perú, elaborado junto con Andrea Salas, gerente de Proyectos de Cappes.
Morales y Salas destacan que Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil desde hace décadas entregan créditos educativos que, en conjunto, han beneficiado a más de 1.9 millones de personas; mientras que en Perú, son acotadas las experiencias promovidas por privadas o en articulación con el Estado. Estos países apostaron por diseños que priorizaron la empleabilidad de los estudiantes y con criterios flexibles de compromiso.
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Dos tipos de crédito para estudiantes
Desde Cappes plantean diferenciar los créditos para permanencia y acceso.
El primer esquema sería el de créditos para la permanencia, que tiene menor riesgo e incertidumbre y una naturaleza de corto plazo, porque se dirigiría a estudiantes en la segunda mitad de su carrera; sumado a que hay información del desempeño del beneficiario en las aulas.
En tanto, el segundo modelo sería de créditos para el acceso —“con mayor riesgo e incertidumbre”— porque tomará más tiempo el egreso y se desconocen las notas del alumno. Es aquí donde el sistema revolvente cobraría mayor notoriedad, según Cappes.
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Morales señala que las tasas serían de entre 3% y 5% anual, que se ajustarían según la inflación. Además, propone vincular el pago del crédito con los ingresos del egresado: si pierde el empleo, podría suspender temporalmente las cuotas y retomarlas al volver a trabajar. Si sus ingresos disminuyen, la cuota también podría reducirse o condonarse. “Se requieren esquemas de repago flexibles y adaptados a la progresión de los salarios para evitar el sobreendeudamiento y no pago”, enfatizan.
Para que funcione el sistema, plantean crear una institución autónoma que establezca las reglas, administre el fondo y defina los mecanismos de recuperación. La creación del esquema tendría que pasar por el Congreso, mientras que los criterios de elegibilidad —nivel socioeconómico, rendimiento, carreras e instituciones participantes— quedarían para la reglamentación.
De aplicarse, Morales estima que de los 881,000 estudiantes en riesgo de abandonar su formación por falta de recursos, la deserción bajaría alrededor de 20% a 10%.
Una puerta para banca y empresas
A diferencia de Morales y Salas, el investigador y exdirector de Pronabec, Jorge Mesinas, estima que el crédito educativo estatal requeriría al menos S/ 4,000 millones adicionales al presupuesto sectorial por año.
También considera necesaria una mayor participación de la banca, actualmente enfocada principalmente en créditos de posgrado. El Estado podría actuar como garante y asumir parte del riesgo, mientras las entidades financieras administrarían y cobrarían los préstamos.
Otra vía sería incorporar directamente a las empresas. Estas podrían financiar los estudios de estudiantes que potencialmente se incorporen a sectores donde existe escasez de talento.
Según ManpowerGroup, las mayores dificultades de contratación en Perú se concentran en ventas y marketing, front office, operaciones y logística, y manufactura y producción; mientras que las carreras más demandadas —en datos del MTPE— son: sistemas y cómputo; gestión y administración; construcción e ingeniería civil (en universidades) y mecánica, marketing y contabilidad (en institutos).
Víctor Sierra, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Javeriana de Colombia, identifica cinco riesgos principales para este tipo de esquemas: garantías, plazo, tasa de interés, deserción y empleabilidad.
“La propuesta consiste en determinar qué actor puede asumir cada uno de estos riesgos y qué incentivos puede recibir a cambio”, señala.
Como referencia, Sierra concluye que Colombia creó fondos de garantía para facilitar que universidades y entidades financieras otorguen préstamos a estudiantes que no cuentan con garantías tradicionales.