La senadora Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El documento acusa a los denunciados de infringir varios artículos de la Constitución. Según el escrito, la JNJ habría usado sus facultades disciplinarias para sancionar a jueces que solo ejercían su función con autonomía.
Luque invocó el artículo 99 de la Constitución y el artículo 174 del Reglamento del Congreso para sustentar la denuncia. Los denunciados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González, Cayo César Galindo Sandoval, Jaime Pedro De la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo.
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El escrito detalló hasta cinco hechos distintos por cada denunciado. Entre los artículos citados figuran el 39, el 139 (incisos 2 y 3), el 146 (incisos 1 y 3), el 158 y el 159 de la Constitución. Estos artículos regulan, entre otros temas, la función pública y la independencia judicial. La senadora sostiene que estas normas fueron vulneradas de forma reiterada.
Luque pidió que se declare procedente la denuncia. También solicitó que se formule la acusación constitucional contra los siete denunciados. Como consecuencia, pidió su destitución e inhabilitación para ejercer función pública.
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Los casos que sustentan la denuncia
El documento incluye como anexos varias resoluciones de la JNJ que, según Luque, prueban el uso indebido de sanciones. Una de ellas es la Resolución N° 019-2026-PLENO-JNJ, que impuso la destitución de Delia Milagros Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Otra es la Resolución N° 333-2026-JNJ, que abrió una investigación preliminar contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.
También se cita la Resolución N° 151-2026-JNJ, que dispuso no ratificar a Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. A este listado se suma un pronunciamiento oficial de los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, fechado el 11 de agosto de este año. Ese documento respalda la idea de que existe preocupación dentro del propio Poder Judicial por las decisiones de la JNJ.