El diputado Aldo Bravo es el autor del proyecto de ley. | Fuente: Video: RPP | Fotos: Andina y Congreso
Gremios periodísticos han alzado la voz contra un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 46 Código Penal e implementar el artículo 316-B para incorporar sanciones contra toda persona con capacidad de convocatoria que haga “apología al delito” en contextos de crisis política y/o conflicto social.Se trata de la iniciativa legislativa N.° 00043/2026-2031-CD, presentada por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo. El diputado plantea que se considere como “apología al delito agravado” a toda acción que “promueva”, “solicite”, “señale”, “aliente”, “justifique” o “legitime” el uso de artefactos explosivos u otras sustancias peligrosas que puedan afectar la seguridad ciudadana, la vida o bienes del Estado en períodos de crisis política.Esto incluye a cualquier funcionario público; servidor público; representante; líder y/o dirigente político, social o gremial; líder de opinión; comunicador; creador de contenido digital; influencer o persona con capacidad de convocatoria pública que promueva estas conductas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones y otras actividades de difusión. Bravo propone que quienes incurran en dicha tipificación sean sancionados con una pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de cinco años. Además de esta penal, se establece que si se trata de un funcionario o servidor público, se le impone una pena de inhabilitación. En su texto, el diputado de Renovación Popular argumenta que su propuesta busca evitar que estas “formas de comunicación” sirvan de enrutamiento a escenarios de violencia. Diputado Aldo Bravo defiende su propuesta y descarta retirarla En el programa Ampliación de Noticias, el legislador defendió su propuesta y negó que pretenda limitar el ejercicio periodístico, razón por la cual anunció que no retirará su proyecto de ley.También dijo que ayer se reunió con el Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga, y – según sus propias palabras – este leyó la propuesta y no encontró vulneraciones a la libertad de expresión.“… Andrés Zúñiga, después de leer el documento, dice claramente: ‘Yo no encuentro aquí ninguna violación a la libertad de expresión’. El proyecto no lo vamos a retirar de ninguna manera…”, declaró.Bravo indicó que el delito de instigación a la violencia está en la normativa peruana, pero que está acuñando un agravante en el Código Penal, con el fin de penalizar a aquellos que utilicen cualquier medio de comunicación o plataforma digital para “legitimar la comisión de delitos usando artefactos explosivos”. “Es un proyecto que lo que pretende decir es: ‘Ninguna persona que tiene capacidad de convocatoria, y se señala explícitamente quiénes son, puede intentar atentar contra la vida de nadie’”, aseveró.El diputado no descartó reunirse con otros gremios periodísticos y afirmó que los proyectos de ley se “perfeccionan” o sufren alteraciones durante los debates en las comisiones.“Se añade, se quitan cosas, etcétera, ¿no? El aporte de las mesas de trabajo será valioso. Y luego pasará a la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno, si es que pasa, y después de eso pasará al Senado”, complementó. Gremios dicen que hay palabras que se prestan a arbitrariedades: ¿cuáles son sus argumentos?En un pronunciamiento, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) aseguró que la lista de expresiones – como “promueva”, “solicite”, “señale”, entre otras que forman parte de la causal del delito – carece de delimitaciones claras y se prestan a un sinfín de arbitrariedades.El IPYS advierte que, bajo esta lógica, la cobertura sostenida de una protesta o la entrevista a sus protagonistas podrían calificarse como una “justificación” y desencadenar una “persecución penal” bajo la modificación que propone el diputado Bravo.Bajo este argumento, el IPYS solicitó archivar esta propuesta que, según su criterio, revela “poco aprecio por las libertades fundamentales”. Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que el proyecto de ley afecta gravemente el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.Al igual que el IPYS, la ANP señal que la interpretación de conceptos amplios, como “justificar”, “legitimar” o “generar un riesgo”, podrían terminar alcanzando expresiones y contenidos periodísticos protegidos.Aclaró que la acción de informar sobre hechos violentes, recoger las declaraciones de dirigentes y documentar hechos durante conflictos sociales no puede ser confundida con la incitación o justificación de la violencia.“Este proyecto no solo pone en riesgo las libertades informativas y el ejercicio periodístico, sino que puede terminar criminalizando derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la protesta”, alertó.
