Consejo de la Prensa Peruana rechaza proyecto que propone sancionar a quienes hagan "apología al delito" durante crisis política

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el proyecto de ley del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, quien propone sancionar a aquellas personas con capacidad de convocatoria que hagan “apología al delito” en contextos de crisis política o conflictos sociales.Y es que el legislador plantea que se considere como “apología al delito agravado” a toda acción que “promueva”, “solicite”, “señale”, “aliente”, “justifique” o “legitime” el uso de artefactos explosivos u otras sustancias peligrosas que puedan afectar la seguridad ciudadana, la vida o bienes del Estado en períodos de crisis política.Esto incluye a cualquier funcionario público; servidor público; representante; líder y/o dirigente político, social o gremial; líder de opinión; comunicador; creador de contenido digital; influencer o persona con capacidad de convocatoria pública que promueva estas conductas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones y otras actividades de difusión.Bravo propone que quienes incurran en dicha tipificación sean sancionados con una pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de cinco años. Además de esta penal, se establece que si se trata de un funcionario o servidor público, se le impone una pena de inhabilitación. CPP advierte que hay riesgos de restricción a la libertad de expresión Al respecto, el CPP aseguró que la iniciativa legislativa puede terminar restringiendo las libertades de expresión, de prensa y de información.“Una norma formulada en términos tan amplios como los que propone Bravo podría llevar a que la difusión de información de interés público sea interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito”, alertó.El CPP indicó que el principal problema del proyecto es la ambigüedad, tras preguntar si es que podría considerarse apología que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las motivaciones de quienes la convocan.“Igualmente, problemática es la referencia a los períodos de “crisis política”. ¿Qué constituye exactamente una crisis política y quién determina cuándo comienza y cuándo termina? Cuando están en juego sanciones penales, estas indefiniciones no son asuntos menores”, apuntó.El gremio indicó que no solo es un riesgo para la prensa, sino también para cualquier ciudadanos que comparta información en sus redes sociales durante estos contextos, dado que podría quedar expuesto a una interpretación expansiva de la norma.