La población ocupada en Lima Metropolitana, es decir que cuenta con algún tipo de trabajo, registró un crecimiento de 7.7% en el trimestre móvil mayo-julio, reportó el INEI a partir de su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Se trata de la tasa más alta en casi tres años, desde el avance de 7.9% en junio-agosto del 2022.
Al sumar más de 425.8 mil puestos de trabajo en este período analizado respecto al mismo del año pasado, la población con empleo superó los 5.9 millones. En detalle, solo faltan crearse 11.3 mil para alcanzar el umbral de los seis millones por primera vez en la historia.
Este escenario también cobra relevancia porque se trata del primer dato del mercado laboral en Lima Metropolitana para el Gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, también se presta para realizar una revisión sobre los principales avances, retrocesos y retos, en general.
Avanza el empleo en Lima, pero con deterioros
El inicio del quinquenio gubernamental de Pedro Castillo y compañía calzó con el rebote por el impacto del COVID-19, con lo que algunas cifras continuaron en parte distorsionadas. Por esto, los datos del 2019, prepandemia, se presentan de mejor manera para identificar variaciones reales.
Entre 2019 y 2026, la población ocupada ascendió desde los 4.9 millones hasta los 5.9 millones, un crecimiento de 22%. Esta variación estuvo alineada a las variaciones de la Población en Edad de Trabajar (PET), que avanzó un 21.8%; y de la Población Económicamente Activa (PEA), en 20.3%.
César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, señaló que sin duda es una “buena noticia” que Lima Metropolitana esté pronta a alcanzar los seis millones de trabajadores, pero agregó que debe “mirarse con cuidado”.
“No sirve mucho hablar de una cifra récord cuando la de empleos adecuados no es tan grande o la de subempleados, ya sea por ingresos laborales u horas, más baja. Es probable que no todas las personas ocupadas estén en la formalidad. Además de El Niño y la inseguridad, el Gobierno debe ver la composición del mercado laboral”, cuestionó.
Si bien casi seis millones de personas laboran, solo 65 de cada 100 registran tener un empleo adecuado. Este se define, según el INEI, como aquel en el que se trabaja, al menos, 35 horas a la semana y se percibe un ingreso superior al mínimo referencial (para Lima se aproxima a los S/ 1,300).
Ahora bien, Gestión identificó el nivel de empleos adecuados respecto al total se mantiene estancando en alrededor del 65%. En 2019, la incidencia fue de un 64.2%. Recién en 2025 se volvió al 65%. El promedio de empleos adecuados respecto al total, entre el 2019 y este año, es de 61.4%, excluyendo el 2020 y 2021, afectados severamente por la pandemia.
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, apuntó que esta incidencia de mayor empleabilidad respondería a una expectativa de un Gobierno con mayor estabilidad en el ámbito jurídico como económico. De hecho, el dato a julio es la cuarta aceleración consecutiva en el crecimiento del empleo.
Sin embargo, planteó una observación sobre las condiciones en las que están ingresando a trabajar ciertos grupos, como los más jóvenes (de 14 a 24 años). “Hay un crecimiento importante del empleo, pero ¿a dónde están entrando a trabajar?”, planteó.
Grupo laboral vulnerable
Gestión identificó otros dos datos que generan especial preocupación sobre el panorama de los trabajadores más jóvenes. Entre las diferentes condiciones de actividad laboral en Lima, la que más creció desde 2019 fue la Población Económicamente No Activa (NO PEA), con casi un 25%, hasta acumular a 3.2 millones.
Puntriano sostuvo que esto, en teoría, puede aumentar por varias razones, pero una en específico causa preocupación vista la coyuntura.
“Podría deberse a que prolongan estudios, pero no creo que tantas personas estén haciendo posgrados. También está la jubilación o que la gente solo no quiere trabajar porque ya no encuentra espacios, como los ‘Ninis’”, remarcó.
“Por la situación en los últimos años, creo que el grueso del aumento de la NO PEA responde a los jóvenes que no trabajan y tampoco ya buscan ante las pocas opciones”, complementó.
En esta línea, un segundo dato identificado por Gestión que sostiene esta realidad adversa para los más jóvenes es un cambio en la composición de las personas con empleo según grupos de edades.
En el segmento de las personas con trabajo en general, en 2019, los más jóvenes representaban casi el 17% del total, pero ahora solo significan un 11%. En tanto, la población de 45 años a más pasó de ocupar 30 de cada 100 puestos de trabajo a casi 42. Incluso, el grupo intermedio (25 a 44 años) ha perdido terreno y se redujo de 53% a 47% del total.
Ahora, el escenario de empleos adecuados es similar. Los más jóvenes pasaron de ocupar el 11% de plazas totales a solo el 7%. Por su parte, el grupo de mayor edad se expandió desde un 30% a un 41% entre 2019 y 2026.
A decir de Puntriano, esto demuestra lo complicado que se ha vuelto obtener un primer empleo en el Perú. Entre las causas de la informalidad laboral juvenil o nula empleabilidad está una mala articulación entre la oferta y demanda, además de los pocos incentivos a las empresas para invertir en capital humano joven.
“Hay miles de jóvenes buscando empleo, pero no hay un incentivo para que las empresas lo miren. Estando cerca de los seis millones de trabajadores, hay que hacer zoom y ver que no hay formalidad en su totalidad y seguimos arrastrando a un grupo importante con poca inserción laboral y empleos de baja calidad. Esto es delicado porque sirve de caldo de cultivo para más ‘Ninis’ y su exposición a las economías ilegales, como la delincuencia”, aseveró.
Retos para el Gobierno de Fujimori
Poniendo el foco sobre la formalidad, Puntriano indicó que se requiere que la economía peruana eleve su dinamismo a un 4% o 5% sostenido para así crear nuevas plazas. Adicionalmente, señaló que se requieren ciertos ajustes normativos, tema que también apuntó Lora.
“Las empresas en su mayoría no tienen la posibilidad de asumir nuevos trabajadores bajo el régimen formal. Eso es una realidad y no solo es un asunto laboral. Los costos laborales no salariales para un trabajador formal están en alrededor del 45% y 50%. En las Mypes están entre un 15% y 20%”, recordó.
En este contexto sumamente adverso para los más jóvenes, Puntriano señaló que deben realizar ajustes para tener regímenes más flexibles que prioricen la inserción laboral.
“No es una medida descabellada plantear un régimen con menos beneficios laborales. Anteriormente, estuvo en vigencia una [la denominada ‘Ley Pulpín’] y fue derogada por una mala socialización. Hoy la comparación es tener algunos beneficios laborales a no tener absolutamente nada”, mencionó.
Alineado con esta lectura, Lora indicó que, en general, el bajo nivel de formalidad (hoy en un 31% a nivel nacional) responde a que hay una “legislación dura”.
“No hay nuevos puestos de trabajo porque las empresas no tienen la capacidad para asumir esos costos y hay un tema severo de productividad en los trabajadores, que impide generar una ganancia. Entonces, no se dan contrataciones”, refirió.
Esta situación cobra una gran dimensión considerando que más del 99% del tejido empresarial está compuesto por microempresas y pequeñas empresas (mypes).
Puntriano también indicó que la “moraleja” de toda esta situación es que el Régimen MYPE no ha funcionado y debe revisarse. “Muchos prefieren mantenerse en la informalidad para no pagarle a la Sunat”, apuntó.
Lora además señaló que deben revisar las modalidades contractuales y buscar esquemas donde el empleador pueda adecuar sus vínculos laborales según sus necesidades. Agregó que, en un contexto de discusión de elevar el sueldo mínimo, podría también plantear dos: uno de aplicación para medianas y grandes empresas y otro para las mypes.