El Gobierno de Keiko Fujimori decidió observar la autógrafa de ley que otorga el derecho a los trabajadores, tanto de los sectores público y privado, a solicitar descansar los días sábados por motivos religiosos. En ese caso, tendrían que compensar las horas dejadas de laborar.
La iniciativa legislativa, que había sido aprobada por la Comisión Permanente a fines de julio -antes de culminar las funciones del Congreso unicameral- sostiene que se busca garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, pues muchas confesiones religiosas tienen al sábado como día de descanso o día para rendirle culto a Dios.
En su observación, el Ejecutivo señala que ya existe la Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa (promulgada en el 2010), la cual promueve que los trabajadores puedan descansar por motivos religiosos. No obstante, el posterior reglamento de la ley del 2010 señala que el empleador mantiene el poder de dirección, es decir, será quien decida si otorga o no el descanso al trabajador.
La iniciativa legislativa cambia este panorama, pues ahora el empleador estaría obligado a aceptar el pedido del trabajador. Ello es cuestionado por el Ejecutivo pues advierte que se afecta “el derecho fundamental a la libertad de empresa y el poder de dirección del empleador tanto en el ámbito público como privado”, subraya el documento de la observación.
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Al respecto, el abogado laboralista del estudio Muñiz, César Puntriano, se mostró de acuerdo con la observación realizada por el Ejecutivo. “No se debe imponer el día de descanso, pues puede afectar la organización de la producción de la empresa”, subrayó.
Consideró que el actual marco legal resulta equilibrado. “Ya se dispone que el empleador tenga en consideración los motivos religiosos al momento de fijar los turnos y horarios de trabajo. La norma vigente no impone el día de descanso compensable, como sí lo hace la autógrafa”, remarcó Puntriano.
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Tras la observación realizada por el Ejecutivo, la iniciativa legislativa deberá ser evaluada en la Cámara de Diputados del Congreso. Y de tener luz verde en esta instancia, pasaría a evaluarse en la Cámara de Senadores. El futuro del proyecto de ley resulta incierto, pues deberá ser evaluado por un Congreso distinto al que lo aprobó.
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Por su parte María Eugenia Tamariz, laboralista en el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados, refirió que una iniciativa legislativa de este tipo debe tomar en cuenta que las empresas pueden tener distintos ciclos productivos o jornadas atípicas, como el caso del sector minero.
“Se pueden considerar algunas modificaciones a la propuesta, para compatibilizar el derecho de la libertad de organización de las empresas. Y establecer también situaciones de excepción, considerar los diversos ciclos productivos de los sectores económicos”, refirió Tamariz.
Asimismo, sostuvo que hace falta regular con mayor precisión cómo un trabajador acreditará su pertenencia a determinada entidad religiosa. “Precisar qué documento se requiere para esa acreditación”, anotó Tamariz.