Para entender la política en una democracia, debemos concebirla como un concurso de intereses en torno a problemas comunitarios cuya solución razonable persiga el bien común En una sociedad libre, los partidos canalizan estas demandas para debatirlas en espacios de representación, desde un consejo municipal hasta el parlamento.
La verdadera política exige un debate donde las partes conozcan distintos puntos de vista, cedan en posiciones extremas, acepten las alternativas sensatas y asuman el compromiso de revisar lo acordado. Solo mediante este proceso deliberativo se logran decisiones colectivas orientadas al bien común posible. Sin embargo, no toda comunidad realiza esta noble función. Si bien existen fueros formales como el Congreso, la política se degrada si las soluciones responden únicamente a imposiciones de mayorías circunstanciales. En esos casos, no hay deliberación, sino la tiranía de la mayoría. El escenario empeora cuando, ante la negativa de pactar, se recurre a la posverdad y a la cancelación para desacreditar al adversario.
Frente a esta patología, resulta indispensable reformar la legislación electoral y dimensionar la representación política. La severa fragmentación parlamentaria obedece a un error conceptual: las asambleas deben integrar los grandes intereses comunes en su diversidad social, cultural y económica, en lugar de atomizarse en facciones de presión, intereses particulares o grupos vinculados a la ilegalidad. Corregir el diseño de la representación es la condición fundamental para que la comunidad recobre la capacidad de hacer política auténtica.