Por su ubicación geográfica, Perú tiene una alta exposición a sismos y otros eventos naturales. Sin embargo, la protección financiera frente a estos desastres sigue siendo mínima, especialmente en la infraestructura pública. Según cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), solo el 5,3% de los establecimientos de salud (490 de un total de 9.000) y apenas el 0,4% de los colegios públicos (187 de 50.000) cuentan con seguro frente a riesgos catastróficos. Eduardo Morón, presidente de Apeseg, advirtió que la falta de aseguramiento expone al Estado a largos procesos de reconstrucción cada vez que ocurre un desastre de gran magnitud. "Lo que uno busca es garantizar la continuidad del servicio educativo y de salud. Si no existen recursos para reconstruir oportunamente, esa infraestructura puede permanecer inoperativa durante años", sostuvo. El impacto no se limita al daño físico de los edificios. La interrupción de clases, la suspensión de la atención médica y el aislamiento de comunidades pueden prolongarse mientras el Estado consigue los recursos para reponer la infraestructura.El gremio advierte que esta brecha deja al Estado expuesto a asumir gran parte del costo de reconstrucción ante un terremoto, un fenómeno climático extremo u otro desastre de gran magnitud. Ante un evento de este tipo, el 95% de las pérdidas tendría que ser asumido directamente por el Estado o financiado mediante deuda de emergencia. La cifra supera el promedio estimado para América Latina, de 81%. Morón señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya solicitó a las unidades ejecutoras del Estado información para construir una base de datos de la infraestructura pública y definir una estrategia de aseguramiento.Por ello, Apeseg plantea un Plan Integral de Gestión de Riesgos que combine preparación institucional, reglas para la reconstrucción, capacidad de implementación y distintas fuentes de financiamiento. Como fondos de emergencia, seguros catastróficos, líneas de crédito contingentes y bonos catastróficos.La finalidad es contar con liquidez inmediata después de una emergencia y evitar que la reconstrucción dependa exclusivamente del presupuesto público o de nueva deuda.También se necesita rápida identificación de los afectadosLa respuesta ante un desastre no depende únicamente de contar con dinero para reconstruir. También es necesario identificar a las personas afectadas y tener mecanismos operativos para hacerles llegar la ayuda.Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que el Perú ya cuenta con una normativa que permite activar transferencias monetarias de emergencia, pero que todavía es necesario poner estos mecanismos a prueba."Hoy tenemos una mejor preparación normativa que permite que el Midis y los programas sociales puedan reaccionar más rápido y atender, por ejemplo, mediante transferencias de emergencia, a poblaciones afectadas por desastres naturales o eventos catastróficos. Eso ya está habilitado, pero para que funcione rápidamente tenemos que entrenarnos en cómo hacerlo y probar estos mecanismos", enfatizó la especialista. Asimismo, Trivelli señaló que se requiere fortalecer el registro de las personas que podrían necesitar ayuda ante una emergencia. La entidad encargada es el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), el cual todavía no tiene completamente desplegada su estructura ni la red de municipalidades necesaria para contar con información actualizada.“El OFIS que se creó hace varios años, todavía opera parcialmente. No ha logrado completar toda su estructura directiva ni activar plenamente una red de municipalidades capacitadas y preparadas para construir ese registro social. Necesitamos ese intercambio de información dentro del sector público para que, cuando ocurra una emergencia en determinado lugar, esté listo el registro de las personas que requieren atención y apoyo inmediato”, precisó.
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Sismos, Fenómeno El Niño y otros riesgos: solo el 0,4% de colegios y 5,3% de centros de salud públicos cuenta con seguro ante desastres
La cobertura financiera de la infraestructura pública frente a terremotos y otros desastres sigue siendo limitada. Apeseg advierte que, ante un evento de gran magnitud, el 95% de las pérdidas tendría que ser asumido por el Estado o financiado mediante deuda de emergencia.

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