El Tribunal Constitucional (TC) programó para este martes 25 de agosto la fecha de realización de la audiencia pública donde, entre otros casos, verá la demanda en contra del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece la reorganización de Petroperú.
En la audiencia pública del TC, a realizarse en su sede en San Isidro, analizará de manera acumulada la demanda que interpusieron por un lado la Defensoría del Pueblo, y por otro, la Municipalidad Provincial de Talara, ambos en contra del referido dispositivo legal.
Como se recuerda, el 31 de diciembre del 2025 el Gobierno transitorio del entonces presidente José Jerí promulgó el citado dispositivo legal, que determina un mecanismo de reorganización patrimonial integral de la petrolera estatal, abriendo la puerta a una mayor participación privada en sus activos y unidades de negocios.
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Reorganización
Actualmente la reorganización en mención está en curso, para lo cual se encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) diseñar y conducir el proceso.
Este último se realiza bajo un esquema en el que el DU contempla separar los activos y negocios de la empresa en bloques patrimoniales, para que puedan recibir tratamientos diferentes y eventualmente incorporar participación privada.
Sin embargo, en enero del 2026, la Defensoría del Pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad contra el DU 010-2025, argumentando, entre otras razones, que viola el artículo N° 60 de la Constitución que protegería a la estatal como empresa estratégica, y que la Ley N° 28244 la excluye de las modalidades de promoción de la inversión privada.
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Proceso de amparo
De otro lado, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), informó en un comunicado que también recurrió a la vía judicial mediante proceso de amparo buscando lograr la inaplicabilidad del DU 010-2025.
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El gremio refiere que el proceso de amparo lo presentó ante el 5° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (expediente N°00216-2026-0-1801-JR-DC-05), y que fue admitido a trámite mediante Resolución N°01 en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ProInversión y Petroperú.
Señaló que su objetivo, además de lograr la inaplicabilidad de dicho decreto, es resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores y frenar la privatización y ceses colectivos.