El Gobierno de Keiko Fujimori apunta a revisar las exoneraciones tributarias. Así lo confirmó el primer ministro, Luis Galarreta, durante su presentación ante el Congreso de la República. Esto, además, ya había sido adelantado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Gestión.
En ese momento, detalló: “No vamos a tocar la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la educación o a los alimentos, por ejemplo […] Hay algunas que son técnicas y que están bien puestas. Sumaría a las [exoneraciones] en Loreto, esas no se van a tocar. Esta región es una isla y no tiene carteras. Hay exoneraciones que sí valen la pena mantener. Pero, hay otras cuya generación ha sido más rentista, que esas sí las vamos a evaluar”, dijo a Gestión.
¿Cuánto cuestan las exoneraciones tributarias?
Los datos del último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) indican que hay 28 exoneraciones que representan alrededor de S/ 13 mil millones en 2026. Esto implica que aproximadamente la mitad de todo el gasto tributario del país, que asciende a S/ 26,350 millones, está asociado a estos beneficios.
Las exoneraciones más costosas corresponden a del IGV a los productos agrícolas (S/ 4,645,2 millones) y en la Amazonía (S/ 3,708,8 millones). A ellas se suma la exoneración del IGV para insumos agrícolas, estimada en S/ 765,1 millones.
Solo estas tres principales exoneraciones tributarias concentran alrededor de S/ 9,119 millones, equivalente a cerca de 70% del gasto tributario potencial. Es decir, casi siete de cada diez soles del gasto tributario potencial asociado a las exoneraciones provienen de estos tres beneficios de IGV.
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Sin embargo, el hecho de que un beneficio tenga un elevado costo fiscal no significa necesariamente que sea el primero que debería eliminarse. Para los economistas consultados, la discusión debería partir de una evaluación de qué genera cada beneficio y a quién termina favoreciendo.
David Tuesta, exministro de Economía, consideró que el primer problema es que el país no cuenta con un mecanismo que permita evaluar de manera integral todas las exoneraciones existentes y sus efectos.
“Es difícil determinarlo porque en el Perú no hay una medición o un mecanismo que permita identificar claramente todas las exoneraciones existentes en el país, a quiénes beneficia, a quiénes afecta y cuál es el impacto [...]. No hay un análisis sobre si alguna de esas medidas permite una ganancia en base tributaria y por tanto permite una mayor recaudación”, comentó a Gestión.
En tanto, Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, señaló que existen metodologías desarrolladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que podrían usarse para hacer esta comparación.
“Hay que revisarlas. Muchos cambios podrían ser impopulares porque ya la gente lo toma como un beneficio adquirido, pero no están siendo eficientes en el sentido de generar mayor bienestar o mayor actividad económica en el país. La exoneración a alimentos y a educación probablemente sea difícil cambiarla, pero en el resto no hay nada escrito en piedra y sí debería evaluarse uno por uno”, indicó.
Para esta evaluación, que devendría en la eliminación de algunas exoneraciones, uno de los criterios a considerarse sería “el menor impacto en el precio final al consumidor, y el que desaliente la inversión privada” teniendo en cuenta el contexto por la emergencia climática, señaló Víctor Ballena, docente de la Facultad de Economía de la UPC.
¿Se ha evaluado cuáles podrían revisarse?
Si bien el ministro de Economía y Finanzas mencionó a Gestión que no se harán cambios en las exoneraciones del IGV a Loreto, los especialistas consideran que es ese punto el que debería revisarse.
“Hay algunos análisis que indican que, por ejemplo, la exoneración en la selva al combustible va sobre todo a los mineros informales que se benefician del menor precio. El nivel de consumo que se genera de combustibles en esa zona no guarda sentido con el nivel de economía de las regiones a las cuales se dirige [la exoneración]. Esa gasolina se estaría utilizando para beneficiar los costos de la minería informal”, sostuvo Tuesta.
Para Ballena, otro beneficio que podría analizarse es el que se otorga a la educación superior privada, “de forma temporal y de forma que eleve la capacidad de reacción de las instituciones y de la CTS de forma temporal y en su gestión y uso”.
Más allá de las exoneraciones tributarias, Casas señaló que también debería evaluarse otro tipo de reducciones de impuestos o devoluciones como el drawback, que ya se intentó cambiar anteriormente. El exviceministro calificó como “una especie de subsidio ciego” que se otorga a todos los exportadores y debería diferenciarse.
Adicionalmente consideró que se deberían evaluar los beneficios a la agroindustria, que tiene un impuesto a la renta más bajo, así como aquellos que se aplican a restaurantes y libros.
Tensión con las promesas de campaña
La revisión también abre una discusión sobre los beneficios tributarios que Fuerza Popular planteó durante la campaña.
El plan de gobierno de la agrupación política proponía, entre otras medidas, exonerar del Impuesto a la Renta durante tres años a jóvenes emprendedores inscritos en el Regimen Único de Contribuyentes (RUC) y establecer beneficios tributarios temporales para las Zonas Económicas Especiales orientadas a manufactura de alto valor agregado.
Es decir, mientras el actual MEF evalúa qué beneficios existentes tienen suficiente justificación para mantenerse, el programa de gobierno contemplaba crear nuevos incentivos tributarios.