El Ministerio de Salud (Minsa) podría generar ahorros de hasta US$20 millones al año si optara por un esquema de compra directa de vacunas contra la influenza, en lugar de continuar dependiendo del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según un análisis de Síntesis Instituto.
El organismo advierte que el actual mecanismo de adquisición no solo encarece el precio de las vacunas, sino que también genera retrasos en la entrega y mantiene recursos públicos inmovilizados durante meses.
“El Perú compra sus vacunas desde 2012 a través del Fondo Rotatorio de la OPS, que licita por nosotros”, señaló Fernando Cáceres, director de Síntesis Instituto.
Según explicó, cuando se adoptó este mecanismo los grandes laboratorios no consideraban al país un mercado suficiente y la industria local no aseguraba una oferta permanente.
Sin embargo, el escenario habría cambiado. Cáceres sostiene que actualmente operan en el país laboratorios internacionales con capacidad instalada permanente, por lo que el Estado podría convocar directamente a los proveedores y promover una competencia por precio y condiciones de entrega.
¿Cuánto más paga Perú?
Uno de los principales cuestionamientos apunta al precio de las vacunas contra la influenza. De acuerdo con Síntesis Instituto, el Perú paga en promedio entre 40% y 70% más frente a precios que podrían obtenerse mediante un proceso competitivo.
El instituto estimó un precio de alrededor de US$ 2.40 por monodosis en un escenario de competencia, mientras que Chile registra compras directas a aproximadamente US$ 1.52 y Argentina a US$ 2.52.
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Bajo este escenario, Cáceres calculó que el cambio hacia compras directas permitiría al Estado obtener ahorros de hasta US$ 20 millones anuales.
La propuesta cobra relevancia ante las restricciones presupuestales que enfrenta el Gobierno. “El Gobierno buscaría recortar S/ 2,500 millones para enfrentar esta emergencia”, indicó Cáceres, quien planteó que los recursos liberados podrían contribuir a atender otras necesidades del sector salud y enfrentar eventuales impactos asociados al fenómeno de El Niño.
Recursos quedan inmovilizados
El problema, según Síntesis Instituto, no se limita al precio final de las vacunas. El diseño del proceso de adquisición también generaría costos financieros y operativos.
Uno de los puntos observados es que el Minsa transfiere recursos por adelantado a la OPS, sobre la base de estimaciones de precios elaboradas por el propio organismo internacional. Esto provoca que parte del presupuesto quede inmovilizado antes de que las vacunas sean adquiridas y entregadas.
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El instituto calcula que entre 2023 y 2025 se habrían mantenido más de US$ 31 millones en esta situación, recursos que, según su análisis, podrían haberse utilizado para atender otras brechas del sector.
A ello se suman los costos asociados a la logística. Síntesis Instituto estima que el país habría asumido más de US$ 10 millones en sobrecostos logísticos durante los últimos años.
También cuestiona la comisión que se paga a la OPS por la gestión del proceso. Esta alcanza actualmente el 4.25%, frente al 3.5% que se cobraba inicialmente.
Entregas pueden tardar meses
Otro problema identificado es el tiempo que transcurre entre la transferencia de los recursos y la llegada de las vacunas al país.
Según el análisis, el Estado realiza la transferencia a la OPS en mayo, pero las vacunas pueden recibirse recién entre marzo y junio del año siguiente. En 2025, incluso, se registraron hasta 24 entregas parciales.
Esto reduce el margen disponible para ejecutar la campaña de vacunación, pues las dosis llegan con entre seis y nueve meses de vida útil, de acuerdo con el instituto.
Para Cáceres, esta situación evidencia que el mecanismo actual no necesariamente garantiza la oportunidad que requiere una vacuna cuya campaña depende de una planificación previa y de la disponibilidad del producto antes de los periodos de mayor incidencia.
Un mecanismo que alcanza a otros insumos
Síntesis Instituto sostiene que las deficiencias no se limitan a las vacunas contra la influenza. El mismo esquema de adquisición también se utiliza para otros productos estratégicos, como jeringas e insumos médicos.
Por ello, la institución plantea que el Estado evalúe otras alternativas dentro del marco de la nueva normativa de contrataciones públicas.
La Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 54 mecanismos que, según Cáceres, permitirían realizar adquisiciones directas mediante procesos competitivos, sin que sea obligatorio recurrir al Fondo Rotatorio de la OPS.
“La alternativa es dejar competir a quien ofrezca mejores condiciones al Estado, sin necesidad de tener que recurrir siempre al Fondo Rotatorio de la OPS”, sostuvo.
Para el director de Síntesis Instituto, el punto central es que el Estado ya cuenta con capacidad administrativa y respaldo legal para explorar un esquema diferente de adquisición. “No tiene sentido que, teniendo la capacidad administrativa y el marco legal, se abdique en considerar solo este mecanismo de abastecimiento”, concluyó