En el suelo de las calles o, quienes corren con mejor suerte, en colchones con mantas: así es como pasan miles de menores que, tras el pasado mes de julio, cruzaron a nado o a pie la frontera desde Marruecos hasta llegar a la ciudad española de Ceuta. Según estimaciones del gobierno de España y organizaciones, aproximadamente 5.500 niños y adolescentes permanecen a la deriva tras llegar al país, mientras el debate nacional y las rencillas políticas han alejado el foco de una de las poblaciones más vulnerables de la crisis.
De acuerdo con la ONG Save the Children, unos 1.500 menores ya se encuentran en el sistema de protección estatal y residen en campamentos de migrantes. No obstante, UNICEF alerta que unos 4.000 habitan en las calles sin ser identificados o censados, en riesgo de ser agredidos, explotados o a merced de las bandas criminales.
La vida en los campamentos
En el polígono industrial de El Tarajal, uno de los principales puntos donde se concentran los que siguen sin alojamiento, las condiciones descritas por periodistas y organizaciones muestran la dimensión de la emergencia humanitaria. Entre almacenes abandonados, mantas, cartones y tiendas improvisadas, hay niños y adolescentes que pasan la noche sin una estructura adecuada en la cual dormir. Algunos utilizan mochilas como almohadas y otros buscan refugio en las aceras o en la playa para protegerse del sol.
Varios contaron a periodistas de AFP que apenas habían comido durante días. En uno de los almacenes, el suelo estaba cubierto de agua y barro, mientras una única manguera servía a modo de aseo. La falta de baños también forma parte de la rutina de quienes siguen fuera de los centros de acogida. Amina, una adolescente marroquí de 14 años, explicó que ella y su hermano carecían de un lugar seguro en el cual realizar sus necesidades básicas.
La saturación contrasta con la capacidad habitual de la ciudad. Las autoridades de Ceuta señalaron que sus recursos estaban preparados para unas 90 plazas, pero llegaron a atender a alrededor de 1.100 menores. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que la ocupación estaba un 2.600% por encima de la capacidad crítica, mientras en otra declaración cifró el exceso sobre los recursos disponibles en un 5.000%. Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, calificó la situación de “insostenible”.
Ante la falta de espacio, algunos permanecen en estructuras construidas con palés y barras. Otros dependen de vecinos y organizaciones que les permiten conseguir alimento, ropa y productos básicos. La ONG Luna Blanca afirmó que reparte entre 3.500 y 4.000 comidas cada día desde el inicio de la crisis.
El Ministerio de Juventud e Infancia destinó 25 millones de euros de emergencia a Ceuta con el fin de reforzar la asistencia. Unicef, además, desplazó un equipo con el objetivo de impulsar la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias, conocida como Umaime. La organización calculó que serían necesarias al menos tres unidades móviles para acelerar la identificación, registro y derivación de los menores hacia espacios seguros.
Niñas solas: acoso, miedo y falta de baños
La situación adquiere una dimensión particular entre las niñas y adolescentes. Save the Children ha advertido de su especial vulnerabilidad ante la violencia sexual, el abuso, la explotación y la trata. Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la organización en España, señaló que durante la travesía algunas pudieron sufrir violencia y que la permanencia en las calles aumenta su exposición a nuevos riesgos.
Perazzo explicó que el traslado debe garantizar, en primer lugar, un techo, tres comidas al día, higiene y atención a la salud mental. Según relató, algunos equipos han detectado niñas con ataques de ansiedad y crisis vinculadas con experiencias de violencia. La organización, asimismo, alertó sobre casos de adolescentes que llegan desde entornos familiares desestructurados o situaciones de violencia y que manifiestan su rechazo a regresar.
El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas a la península debido a esta vulnerabilidad. Fuentes oficiales señalaron que algunas son muy pequeñas y que los servicios sociales han encontrado casos de jóvenes sin familia, con antecedentes de violencia o sin un entorno seguro al que regresar.
La falta de instalaciones adecuadas agrava los riesgos. Una adolescente de 14 años explicó que no se atrevía a acudir sola a determinadas zonas para utilizar un baño. En otro caso, una madre relató que uno de sus hijos enfermó y que no consiguió asistencia médica, por lo que tuvo que recurrir a remedios caseros. Estos testimonios reflejan las dificultades de quienes permanecen fuera de los centros.
Unicef también puso el foco en esta situación. Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, afirmó que “cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria”. La organización indicó que algunos llevan 20 días en la calle y reclamó nuevos centros de forma inmediata.
Marruecos, la ley y el choque por la devolución
El futuro de los menores constituye uno de los principales puntos de conflicto. El Ejecutivo español plantea dos vías para aquellos que no puedan regresar de forma segura a sus familias. Una consiste en su traslado al sistema de protección de otras comunidades autónomas; la otra pasa por una eventual reunificación familiar o retorno a su país de origen, siempre bajo un procedimiento individualizado.
La Ley de Extranjería establece que las autoridades deben estudiar las circunstancias familiares antes de decidir una repatriación. El menor tiene que ser escuchado cuando tenga suficiente juicio y tendrán que intervenir los servicios de resguardo y el Ministerio Fiscal. Además, el retorno solo puede producirse si existe una reunificación familiar adecuada o si los servicios de protección del país de origen ofrecen condiciones suficientes.
El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la devolución colectiva de menores a Marruecos ejecutada durante la crisis de 2021. Las sentencias de enero de 2024 señalaron que las autoridades respetaron las garantías exigidas por la legislación y que no se había valorado de forma individual el interés superior de cada menor.
El acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 tampoco permite un regreso automático. El procedimiento exige verificar la identidad, localizar a la familia, analizar las condiciones socioeconómicas y comprobar que el regreso no exponga al niño o adolescente a un panorama de desamparo. Asimismo, tiene derecho a asistencia jurídica y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión.
La Comisión Europea ha defendido que la legislación comunitaria contempla el retorno de menores no acompañados, pero su propia directiva establece condiciones específicas. Antes de cualquier traslado, las autoridades deben comprobar que el menor regresará con un familiar, un tutor designado o unas instalaciones de acogida adecuadas. También debe escucharse su opinión y garantizarse su representación legal.
Marruecos ha expresado su disposición a colaborar con España y recibir a menores no acompañados, pero las organizaciones de infancia sostienen que las garantías legales no pueden eliminarse para acelerar los retornos. Save the Children ha defendido que los procedimientos deben agilizarse sin retirar las medidas de protección.
La disputa de los partidos españoles
La crisis abrió un enfrentamiento entre el Gobierno de España, el Partido Popular y Vox. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama el retorno de quienes llegaron a la ciudad y sostiene que la capacidad local está completamente superada. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pidió la devolución de todos los migrantes que ingresaron de manera irregular, incluidos los menores.
Feijóo sostuvo que “aquellos que entraron y permanecen de forma ilegal han de volver a su país” y defendió la reunificación familiar o la tutela por parte de Marruecos cuando no sea posible localizar a los padres. Desde la Moncloa sostuvieron que un retorno no puede producirse sin garantizar el interés superior del menor.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió el traslado de menores a otras zonas de España y aseguró que el Ejecutivo había trabajado con Ceuta en distintas alternativas. El Gobierno central también convocó a las comunidades autónomas con la meta de abordar la reubicación de niños y adolescentes.
El PSOE defiende el reparto entre comunidades como una medida que deje aliviar la presión sobre Ceuta, Canarias y Melilla. El PP reclama que cualquier distribución sea justa, planificada y acompañada de recursos. Vox mantiene una posición contraria a la acogida de menores extranjeros y reclama su devolución.
La tensión aumentó porque varias comunidades gobernadas por el PP o con participación de Vox han mostrado resistencia al sistema de reparto. Los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox controla las áreas de Infancia, rechazaron incluso participar en la conferencia sectorial convocada por el Ejecutivo.