Tras la polémica por el uso de guantes capaces de aplicar descargas eléctricas para sus operativos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) vuelve a estar en el centro del debate en el país por sus operaciones migratorias, luego de que un condado del sur de California decidiera dejar de permitir que agentes federales de inmigración entrenen en sus campos de tiro. A continuación, los detalles de la decisión que pone fin a estos acuerdos y afecta el trabajo de la agencia migratoria.
Según reportó NBC News, la medida fue aprobada por la Junta de Supervisores del condado de San Diego, que votó 3-2 para terminar los contratos con el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los acuerdos permitían a ambas agencias entrenar en instalaciones propiedad del condado y en un campo de tiro de la Marina que es arrendado por San Diego.
¿Por qué San Diego County decidió terminar los contratos con ICE?
Los supervisores que respaldaron la decisión señalaron que los agentes federales de inmigración han afectado a las comunidades locales y de otras partes del país durante el actual operativo de deportaciones.
Monica Montgomery Steppe, una de las supervisoras que votó a favor de terminar los acuerdos, sostuvo que el condado no quiere ser cómplice de las acciones de las autoridades federales.
La votación se produjo después de que residentes y organizaciones comunitarias presionaran a las autoridades para dejar de proporcionar instalaciones locales a las agencias federales. Argumentaron que terminar los contratos representa una manera de no contribuir a la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.
¿Qué agencias federales ya no podrán entrenar en estos campos de tiro?
| Agencia | Acuerdo | Uso de las instalaciones |
|---|---|---|
| ICE | Desde 2021 | Entrenamiento de agentes federales |
| CBP | Desde 2017 | Entrenamiento de oficiales |
| ICE | Desde 2022 | Campo de tiro de la Marina arrendado por el condado |
Desde 2024, agentes federales han acumulado más de 3,300 horas de entrenamiento en el centro del condado, según una carta de los supervisores que propusieron terminar los contratos.
¿Qué dijo CBP sobre la decisión del condado?
Rodney Scott, jefe de CBP, aseguró que la agencia depende del campo de tiro del condado para capacitar a unos 1,700 oficiales.
Según Scott, si la instalación deja de estar disponible, CBP tendrá que trasladar el entrenamiento obligatorio con armas de fuego a otros lugares. Esto, afirmó, podría reducir el personal disponible localmente y afectar las operaciones relacionadas con el comercio y los viajes en la frontera entre Estados Unidos y México.
Scott calificó la decisión como una acción sin precedentes por parte de un socio local y sostuvo que podría poner en riesgo la seguridad fronteriza.
¿Qué argumento dieron los supervisores que votaron en contra?
Jim Desmond, uno de los supervisores que votó en contra de terminar los contratos, defendió la cooperación entre las agencias policiales y consideró que los agentes deberían continuar entrenándose juntos.
Desmond reconoció que ICE ha excedido sus funciones, pero cuestionó que retirar el acceso a las instalaciones sea la solución. A su juicio, una mayor capacitación podría contribuir a corregir los problemas relacionados con las operaciones de los agentes.
¿Qué impacto podría tener la medida sobre ICE y CBP?
El cambio obligará a las agencias federales a buscar otros lugares para cumplir con sus entrenamientos. En el caso de CBP, la agencia sostiene que el traslado podría tener consecuencias sobre la disponibilidad de oficiales en una de las zonas fronterizas más transitadas del país.
La decisión también refleja una creciente tensión entre autoridades locales y federales por la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump.
Otros gobiernos locales, como la ciudad cercana de Escondido y comunidades de Nueva York y Minnesota, también han debatido si deben permitir que agentes de inmigración utilicen sus campos de tiro. Sin embargo, en esos casos los contratos se han mantenido.
¿Por qué la decisión también genera debate entre las comunidades inmigrantes?
Los supervisores que apoyaron la medida afirmaron que buscan mantener la confianza de las comunidades inmigrantes y diferenciar claramente a las fuerzas policiales locales de los agentes federales de inmigración.
Los defensores de la medida también señalaron que varias agencias federales participan actualmente en tareas de control migratorio. Además, argumentaron que el uso de máscaras y ropa de civil por parte de algunos agentes dificulta que los residentes sepan qué autoridad está llevando a cabo una operación.
“Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo”, afirmó Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores y una de las funcionarias que propuso terminar los contratos.
La supervisora agregó que, si la administración Trump quiere destinar miles de millones de dólares a su agenda migratoria y de deportaciones, debería utilizar sus propios recursos federales para ejecutarla.
Por ahora, la decisión de San Diego County marca un nuevo punto de fricción entre las autoridades locales y las agencias federales encargadas de la inmigración, mientras continúa el debate sobre hasta dónde deben llegar las comunidades para colaborar con ICE y CBP.