El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Ejecutivo propondrá modificar la Ley N.° 31570 que establece las causales para la remoción del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), al considerar que la conducción de la institución debe contar con reglas “claras y definidas”.
El anuncio fue realizado tras el debate con los diputados, luego de que algunos parlamentarios cuestionaran la situación del actual alto mando policial. Astudillo sostuvo que su posición es que todos los integrantes de la institución, desde el ministro del Interior hasta el policía recién egresado, deben estar en evaluación y cumplir objetivos concretos.
“Acá todos estamos en evaluación, todos”, afirmó. En esa línea, remarcó que los cargos dentro de la Policía no deben sostenerse por amistad, presión política o continuismo, sino en función del cumplimiento de una misión y de resultados.
Astudillo cuestiona “candados” para remover al comandante general
El ministro explicó que la legislación aprobada por el Congreso anterior impide la remoción del comandante general antes de cumplir los dos años en el cargo, salvo determinadas circunstancias. Entre ellas, mencionó el fallecimiento, la comisión de un delito flagrante, una sentencia del Poder Judicial por delito doloso, un impedimento físico grave o la solicitud de baja.
Astudillo calificó estas condiciones como “candados” y señaló que, mientras dicha norma se encuentre vigente, el Ministerio del Interior no emitirá disposiciones que contravengan la ley ni forzará una causal que actualmente no existe.
“Yo no voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley que se ha firmado acá”, sostuvo el ministro, quien precisó que la norma fue aprobada por insistencia durante el Congreso anterior.
No obstante, señaló que el Ejecutivo ya tiene en agenda plantear una modificación de la legislación. “En el estricto cumplimiento del marco legal, propondremos modificar la mencionada ley. Lo tenemos ya en agenda, porque la conducción de una institución como la Policía debe tener reglas claras y definidas”, afirmó.
Astudillo recordó que esta norma fue aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo y consideró que el escenario actual es distinto. Señaló que la propuesta ya fue comunicada a la presidenta de la República y al premier, y que el Gobierno avanzará con su modificación.
Presentación ante el Pleno
El ministro del Interior, César Astudillo, presentó en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso los principales lineamientos de su estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana y sostuvo que el Estado debe cambiar su respuesta frente a un crimen organizado que también ha evolucionado.
“No vengo a presentarles una lista de operativos policiales, no vengo a hablar de tasas de homicidio a 20 días de iniciado el gobierno, vengo a presentar una estrategia para recuperar la seguridad del país”, señaló al inicio de su intervención.
Astudillo remarcó que las amenazas actuales son distintas a las de décadas anteriores. “No es el terrorismo de los 90, ni la criminalidad de los 80”, afirmó. Según explicó, hoy el país enfrenta organizaciones criminales que extorsionan, asesinan, trafican armas, controlan territorios, utilizan tecnología y cuentan con capacidad económica, incluso para operar fuera de las fronteras.
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Ante este escenario, sostuvo que el Estado no puede continuar respondiendo de manera fragmentada ni con estrategias diseñadas para amenazas del pasado. “Tenemos que ser más rápidos, mejor coordinados y más firmes que el propio crimen”, afirmó.
Los cinco objetivos del Mininter
El ministro detalló cinco objetivos sobre los cuales se sostiene la estrategia de seguridad. El primero es anticiparse al crimen, mediante el fortalecimiento de la inteligencia policial, el análisis de información, la tecnología y la capacidad de anticipación.
En ese punto, Astudillo planteó una idea que busca ampliar la forma en que se evalúa el desempeño de las fuerzas de seguridad: medir también “el delito que no ocurrió”. Es decir, aquellas amenazas que fueron detectadas y neutralizadas antes de que generaran muertos, heridos o daños.
El segundo objetivo es recuperar el control del territorio. Astudillo señaló que las amenazas no son iguales en todas las regiones y puso como ejemplos las diferencias entre Tumbes, Tacna, Lima y Ayacucho. Por ello, sostuvo que deben aplicarse estrategias diferenciadas de acuerdo con la realidad de cada territorio y modalidad criminal.
“Donde hay extorsión, se combatirá la extorsión. Donde haya sicariato, se golpean las organizaciones que la generan”, manifestó. También planteó intervenir contra actividades vinculadas con la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas y órganos.
El tercer objetivo consiste en quitarle al crimen sus herramientas, entre ellas dinero, armas, información y logística. Para ello, dijo que se requiere fortalecer la inteligencia operativa, técnica, humana y de señales.
En ese marco, cuestionó el actual control sobre la comercialización de municiones y señaló que no puede ser que en Pucallpa se comercialice más munición que en Lima. “No podemos combatir eficazmente al crimen organizado si no sabemos dónde están las armas, quién las tiene, cómo se movilizan y terminan en manos de delincuentes”, sostuvo.
El cuarto objetivo es controlar las fronteras y fortalecer la seguridad integral. Astudillo señaló que existe una coordinación permanente con Migraciones y afirmó que semanalmente se expulsa, en promedio, a 50 extranjeros indocumentados.
Finalmente, el quinto objetivo es hacer que todo el sistema funcione como uno solo. El ministro sostuvo que la seguridad no termina cuando la Policía captura a un delincuente, sino que el proceso debe continuar con la investigación del Ministerio Público y el juzgamiento del Poder Judicial.
Pedido de leyes y presupuesto
Astudillo sostuvo que el Ejecutivo necesita del Congreso para avanzar en esta estrategia y pidió leyes que permitan combatir eficazmente al crimen, además de herramientas para las instituciones y un marco jurídico que permita actuar con firmeza, pero dentro del Estado de derecho.
El ministro también puso énfasis en la necesidad de contar con mayores recursos. Señaló que la Policía requiere tecnología moderna basada en geolocalización, reconocimiento facial, cámaras inteligentes, trazabilidad, analítica y drones.
“Eso requiere un presupuesto porque ese material no lo tenemos en la cantidad suficiente y necesaria para combatir el crimen”, afirmó.
También cuestionó que agentes de inteligencia tengan que realizar conexiones y seguimientos con sus propios recursos y pidió fortalecer las capacidades de los efectivos desplegados en el país.
Mensaje de unidad
Astudillo hizo además un llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso para que la seguridad no sea utilizada como una bandera partidaria.
“La seguridad no puede ser una bandera de un partido, tiene que ser un objetivo nacional”, sostuvo.
En esa línea, afirmó que oficialismo y oposición pueden discrepar y fiscalizar al Gobierno, pero consideró que debería existir un punto común respecto de la protección de la vida de los ciudadanos.
“La extorsión no distingue colores políticos ni banderas, una bala no distingue oficialismo de oposición”, manifestó.
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Evaluación por resultados
El ministro señaló que busca que su gestión pueda ser evaluada mediante indicadores. Entre los resultados que espera alcanzar mencionó la reducción de homicidios, el quiebre de las redes de extorsión, la desarticulación de organizaciones criminales, el retiro de armas ilegales de las calles y la recuperación de territorios.
También planteó que debe medirse la capacidad del Estado para evitar hechos criminales antes de que ocurran.
“No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana”, afirmó Astudillo. En cambio, dijo que su compromiso es hacer que el Estado sea “más fuerte y rápido” y emplear mejor la inteligencia para enfrentar a quienes buscan afectar la tranquilidad de los ciudadanos.
Astudillo cuestiona procesos en el Mininter
El ministro también anunció acciones frente a presuntos casos de corrupción y procesos cuestionados dentro del sector. Señaló que el Mininter solicitó a la Contraloría su intervención en determinadas entidades y procedimientos.
Entre ellos mencionó el funcionamiento y administración del fondo de aseguramiento en salud de la PNP, el fondo de vivienda policial, la adquisición de más de 31,000 pistolas y el proceso de compra de cámaras corporales para los agentes policiales.
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Sobre estas últimas, afirmó que las denominadas bodycams “nunca” habrían sido utilizadas y que no funcionan. “Eso no puede quedar impune, eso desmoraliza a cualquier policía”, señaló.
Finalmente, Astudillo expresó su respaldo a los 140,000 policías del país y destacó que en una semana se registraron cinco agentes muertos y tres heridos. Remarcó que detrás de cada efectivo existe una familia que espera su retorno.
El ministro sostuvo que corresponde fiscalizar el trabajo policial, pero también mejorar las condiciones en las que los agentes cumplen su labor. “Ese es nuestro fin, poner orden, y para eso necesitamos su apoyo”, concluyó.